ASTREINTES, UNA INSTITUCIÓN JURIDICA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

ARGENTINA: CASINOS Y ASTREINTES

2011-08-11T05:16:00.001-07:00

Casinos

Duro cuestionamiento de la Corte local a la Cámara Federal de Mendoza

Fue en un fallo reciente por la denominada "guerra de los casinos". El máximo tribunal cuestionó el accionar de la Cámara y de la jueza Olga Pura Arrabal por seguir adelante en una causa sin sentido.

10 de Agosto de 2011 17:29

La Corte mendocina aclaró que las causas del casino son locales.

Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en un fallo vinculado con la denominada "guerra de los casinos", cuestionó duramente a la Cámara Federal de Mendoza y confirmó que son los tribunales provinciales los competentes para actuar en este tipo de causas.

El máximo tribunal mendocino puso fin a la disputa originada por la firma Nuevo Plaza Hotel Mendoza (propietaria del Hotel Hyatt), que desde el año 2008 intentó por todos los medios evitar la apertura de la sala de juegos Enjoy, que funciona en el hotel Sheraton. Se trató de un litigio plagado de chicanas judiciales, tramitado caprichosamente en la Justicia federal y con medidas que no sólo fueron cuestionadas, sino que implicaron pedidos de juicios políticos para los jueces que las tomaron.

En ese listado, aparece la jueza de primera instancia Olga Pura Arrabal y los camaristas Otilio Romano y Julio Petra; el primero, procesado como integrante del aparato represivo que actuó en Mendoza entre 1975 y 1983; el segundo, denunciado por entorpecer las investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad.

La causa se inició luego de una protesta por parte de los dueños del Hyatt, que pidieron que el Gobierno de Mendoza -a través del Instituto de Juegos y Casinos- aclarara qué porcentaje de la superficie de los hoteles 5 estrellas podía ser destinado a sala de juegos.

Según la ley 5.775, el casino debía abarcar 4 por ciento de la superficie del hotel. Aunque, como no estaba reglamentado qué parte debía tomarse para que ese porcentaje fuera computado, la jueza Arrabal hizo lugar a una medida cautelar y se despachó: ordenó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos que comunicara a los casinos habilitados (Casino de Mendoza y sus anexos, Casino Tower, Casino de Las Leñas, Casino de San Rafael, Sheraton Mendoza) que en el cómputo del 4 por ciento debía tenerse en cuenta como dependencias destinada a casino a todas aquellas que resultaban necesarias para la actividad: baños, guardarropa, barra, oficinas, pasillos, oficina de venta de fichas, oficinas ejecutivas y/o administrativas, marketing. Y quedaba vedada la posibilidad de construir o ampliar las instalaciones.

Esta situación trajo un sinfín de apelaciones por parte de los dueños de Enjoy y también del Gobierno de Mendoza. Básicamente, porque nadie comprendía por qué un tema netamente local estaba siendo tramitado en los Tribunales federales.

El expediente siguió dando vueltas aun después de que el Ejecutivo provincial, en octubre de 2009, sacara un decreto para reglamentar la ley en cuestión y establecer los parámetros para mensurar el 4 por ciento en cuestión.

En condiciones normales, con ese trámite administrativo, el planteo de Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited hubiese quedado sin efecto. Sin embargo, el litigio siguió adelante con nuevos planteos; esta vez, por la supuesta inconstitucionalidad del decreto. La presentación fue hecha en los Tribunales Provinciales.

Los planteos continuaron, hasta que la Cámara Federa declaró la incompetencia de la Justicia Federal para actuar en el caso y mandó la causa a la Suprema Corte de Mendoza. De todos modos, mantuvo vigente la medida cautelar e impulsó la aplicación de una multa (astreintes) de 100 mil pesos diarios porque Enjoy abrió su sala de calle San Juan con la habilitación dada por el Instituto de Juegos de Casinos.

El 5 de mayo de 2011, el juez federal Walter Bento puso fin a esta historia: suspendió la cautelar y exigió la devolución de los 3 millones 600 mil pesos que Enjoy había pagado hasta el momento.

Para la Corte, el hecho fue más grave aún. Según explica en su resolución del 8 de agosto de este año, una vez que el Ejecutivo sacó el decreto se terminaron los cuestionamientos, y ya no había "caso justiciable". Por lo tanto, "se ha producido lo que la doctrina ha denominado 'sustracción de la materia', 'caso abstracto' o 'moot case' , lo que constituye un modo anómalo de terminación del proceso, de creación doctrinaria y jurisprudencial...".

El escrito apunta a los tres jueces que estiraron el caso en el tiempo: Olga Pura, Otilio Romano y Julio Petra. Los mismo tres que, hace poco más de un año, y en medio de la discusión por la Ley de Medios, recibieron un "reto" por parte de la Corte nacional por tomar atribuciones que no correspondían al Poder Judicial.

Fuente:

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LEGISLAR SOBRE LAS ASTREINTES EN CHILE

2011-07-11T09:53:00.001-07:00

SISTEMA JUDICIAL LABORAL CHILENO COLAPSADO

Siempre en estas materias han estado copados, tanto en el sistema antiguo como en el actual. El sistema es el malo, hay instituciones arcaicas como la del "Receptor" que obviamente debería ser re-estudiada. En lo legal, se debería estudiar la Institución de las "Astreintes" legislada en muchos países del mundo y que son sanciones pecuniarias al incumplimiento de la sentencia, legislada en los Códigos Civiles y Procesales en muchos ordenamientos del mundo: Argentina, Uruguay , Francia entre otros tantos .

Fuente: HTTP://ASTREINTES.BLOGSPOT.COM

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tras 17 meses de operación, sistema da cuenta que un 93% de los fallos de causas tramitadas son favorables al trabajador

2011-07-04T06:23:00.001-07:00

astreintes

Ante incumplimiento de la sentencia procede aplicar astreintes. Hay que legislar la institución

tras 17 meses de operación, sistema da cuenta que un 93% de los fallos de causas tramitadas son favorables al trabajador

Incumplimiento de fallos satura de nuevas causas a los tribunales laborales

"No se paga inmediatamente la sentencia", afirma el director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Claudio Valdivia.

ASTREINTES Más de treinta mil pesos por no cumplir una sentencia

2011-06-13T16:25:00.001-07:00

INSTITUCION QUE NO ESTA EN EL DERECHO CHILENO, PERO QUE DEBERIA LEGISLARSE

Más de treinta mil pesos por no cumplir una sentencia

La acción fue iniciada a instancias de la Produración General de la Provincia

Lunes, 13/06/2011 | 14:37 hs

El Juez de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D'Jallad, impuso a la empresa AMX Argentina SA astreintes por valor de treinta mil pesos por no cumplir con la sentencia que obligaba a la firma a remitir información sobre el impacto ambiental y sobre la salud de las personas de una antena ubicada en el municipio de Campo Quijano.

La acción fue iniciada a instancias de la Produración General de la Provincia y por el incumplimiento, la firma se ve obligada a abonar quinientos pesos diarios en concepto de astreintes.

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ASTREINTES. FIJAN ASTREINTES: Claro no quiere dar información sobre sus antenas y pagará $ 25 mil

2011-05-27T16:50:00.001-07:00

Claro no quiere dar información sobre sus antenas y pagará $ 25 mil

La empresa de telefonía Claro prefiere pagar multas a informar sobre sus antenas Desde el 15 de marzo pasado, cuando fue condenada a pagar una suma de 500 pesos por día

Viernes, 27/05/2011 | 09:05 hs

La empresa de telefonía Claro prefiere pagar multas a informar sobre sus antenas.
Desde el 15 de marzo pasado, cuando fue condenada a pagar una suma de 500 pesos por día hasta tanto aporte información de habilitación y certificado de impacto ambiental y social sobre una de sus antenas que tiene instalada en nuestra provincia, la empresa de telefonía celular A.M.X. Argentina S.A.

(Claro) lleva acumulada una multa de más de 25.000 pesos. Hasta el día de la fecha, la empresa en cuestión no aportó la información requerida -amparo mediante- por el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, quien accionó legalmente a partir de la inquietud de los vecinos de la localidad de Campo Quijano en torno a la antena que la firma tiene instalada desde hace más de 10 años en la esquina de las calles 9 de Julio y T. Jovanovics.

La preocupación de los vecinos data de marzo del año pasado y llegó a las autoridades de ese municipio mediante nota. Posteriormente, y tras infructuosas gestiones al respecto, la municipalidad estableció que la empresa obtuvo un permiso precario durante el jefe comunal anterior.

En vista a la renuencia de la empresa en aportar la documentación habilitante, entre ella el certificado de impacto ambiental y social (exigido por ley para la instalación de antenas de telefonía celular) es que el procurador planteó una acción de amparo que fue resuelta el 10 de febrero del año en curso por el juez Mario Ricardo D' Jallad, vocal de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Al respecto, el juez D' Jallad hizo lugar al amparo y conminó a la empresa a aportar la información requerida en un plazo de 10 días, sin embargo y transcurrido un mes de lo ordenado por el magistrado, la empresa no cumplió la resolución judicial.

En vista de esta situación, el 10 de marzo pasado el procurador solicitó al juez la ejecución de una multa (astreintes) a fin de que la empresa aporte los datos requeridos, instancia que fue aprobada por el juez, quien fijó una multa de 500 pesos en contra de la empresa por cada día que incumpla con su mandato.

La empresa fue notificada de esta resolución el 15 de marzo, sin embargo hasta la fecha no cumplió en aportar la documentación habilitante y el certificado de impacto ambiental y social solicitado por el procurador, ascendiendo la multa a un monto de más de 25.000 pesos.

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ASTREINTES: Juristas: es viable multar por cada valla o spot

2011-01-29T15:40:00.001-08:00

Juristas: es viable multar por cada valla o spot

Actualizado a las 0:00

Constitucionalistas afirman que la norma vigente permite multiplicar los montos de los castigos económicos.

El TSE analiza que las sanciones económicas a los partidos políticos se cobren "por unidad".

Manuel Hernández mhernandez@sigloxxi.com

INFOGRÁFICO
LO QUE DICE LA LEY

ASÍ LO DIJO

"El tribunal debe proceder a imponer una multa por cada valla y por cada aparición en radio y televisión, ya que cada una de ellas es una propaganda anticipada".

Mario Guerra Roldán | Ex presidente del TSE

ASÍ LO DIJO

"Hay que multar la infracción... para evitar el abuso de infringir la ley que hay en Guatemala".

Carlos Molina Mencos | Constitucionalista

ASÍ LO DIJO

"Imagínese que un partido político tiene 10 vallas; cada una sería multada por $125, haciendo un total de $1,250...".

Gabriel Orellana | Constitucionalista

EN CIFRAS

125

DÓLARES
es el monto máximo de las multas que está aplicando el TSE por cada denuncia.

Tres juristas coinciden en que el Decreto 1-85, que contiene la Ley Electoral y de Partidos Políticos, permite que las multas por vallas, spots, pintadas en piedras o árboles se apliquen "por unidad" y no por denuncias que pueden incluir decenas de actos de propaganda anticipada, pero que se limitan sólo a una sanción máxima de $125.

La viabilidad de imponer dicho tipo de multas a los partidos, es decir, cobrar $125 por cada valla, spot emitido o piedra pintada, es analizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó el jueves Karla Alvarado, vocera de dicha institución.

El ex presidente del TSE Mario Guerra Roldán indica que la Ley Electoral no es "tan cerrada" y que el Tribunal Electoral puede reglamentar lo que no está desarrollado en el Decreto 1-85.

Sobre la campaña anticipada, Guerra señala que "los partidos están en rebeldía y no les importa infringir la Ley. Creo que el Tribunal debe proceder a imponer una multa por cada valla y por cada aparición en radio y televisión, ya que cada una de ellas es una propaganda anticipada" (vea: Lo que dice la Ley).

El constitucionalista Carlos Molina Mencos afirma que es posible aplicar las multas "por unidad" y explica que la infracción se comete cada vez que, por ejemplo, se emite un spot, por lo cual "hay que multar la infracción". El jurista considera que sería conveniente este tipo de sanción, "para evitar el abuso de infringir la ley que hay en Guatemala".

Molina señala que la legislación del país la están violando "desde el más alto hasta el más bajo".

Gabriel Orellana, también constitucionalista, señala que la Ley Electoral no establece las multas "por unidad", pero tampoco las prohíbe, por lo cual considera viable este tipo de cobros. "Legalmente sí es factible, porque se debe interpretar conforme a las normas de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente conforme a la Ley del Organismo Judicial", expone.

Orellana añade que otra figura jurídica que el TSE podría aplicar es la llamada astreintes, la cual permite sancionar económicamente al infractor por cada día que persista la violación; por ejemplo, el tiempo que permanezca una valla luego de que se impuso la multa de $125.

"Imagínese que un partido político tiene 10 vallas; cada una sería multada por $125, haciendo un total de $1250, pero si fuese diario (astreintes) en 10 días serían $12,500, ahí se supondría que de esa forma ya no violarían la ley".

La propuesta de aplicar multas "por unidad" fue planteada al TSE, a principios de año, por el abogado Fernando Linares Beltranena, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Es decisión del TSE

El representante del partido Visión con Valores (Viva), Mike Ascoli, indicó que la decisión de imponer multas por "unidad" es potestad del TSE. "Esta medida se debe a que, como no han podido frenar la campaña adelantada y hacer cumplir la Ley, el TSE analiza esta opción. Si lo hace, los partidos tendremos que obedecerla y el que no lo cumpla, que lo multen; si usted se excede de velocidad 2 veces, va a tener dos multas, no sólo una", concluye.

Luis Rosales, del FRG, afirma que la ley es la ley y que el TSE tiene que hacer que se cumpla. Añade que los magistrados tendrán que tomar las acciones necesarias: "La intención es correcta, pero no tenemos una postura; lo que tenemos claro es que no está regulado y lo puede aclarar modificando el propio reglamento".

Se llamó a dirigentes del Partido Patriota (PP), Gran Alianza Nacional (Gana) y Libertad Democrática Renovada (Líder), pero no fue posible contactarlos.

DISTINTA APLICACION DE ASTREINTES

Juristas: es viable multar por cada valla o spot

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Constitucionalistas afirman que la norma vigente permite multiplicar los montos de los castigos económicos.

El TSE analiza que las sanciones económicas a los partidos políticos se cobren "por unidad".

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INFOGRÁFICO
LO QUE DICE LA LEY

ASÍ LO DIJO

"El tribunal debe proceder a imponer una multa por cada valla y por cada aparición en radio y televisión, ya que cada una de ellas es una propaganda anticipada".

Mario Guerra Roldán | Ex presidente del TSE

ASÍ LO DIJO

"Hay que multar la infracción... para evitar el abuso de infringir la ley que hay en Guatemala".

Carlos Molina Mencos | Constitucionalista

ASÍ LO DIJO

"Imagínese que un partido político tiene 10 vallas; cada una sería multada por $125, haciendo un total de $1,250...".

Gabriel Orellana | Constitucionalista

EN CIFRAS

125

DÓLARES
es el monto máximo de las multas que está aplicando el TSE por cada denuncia.

El ex presidente del TSE Mario Guerra Roldán indica que la Ley Electoral no es "tan cerrada" y que el Tribunal Electoral puede reglamentar lo que no está desarrollado en el Decreto 1-85.

Molina señala que la legislación del país la están violando "desde el más alto hasta el más bajo".

La propuesta de aplicar multas "por unidad" fue planteada al TSE, a principios de año, por el abogado Fernando Linares Beltranena, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Es decisión del TSE

Se llamó a dirigentes del Partido Patriota (PP), Gran Alianza Nacional (Gana) y Libertad Democrática Renovada (Líder), pero no fue posible contactarlos.

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FORMA MAS DE APLICACION DE ASTREINTES

2011-01-07T15:39:00.001-08:00

CHILE DEBERÍA YA LEGISLAR SOBRE LA INSTITUCION DE LAS ASTREINTES

Reivindican el derecho a huelga

La Cámara Laboral condenó a una empresa del rubro automotor a indemnizar y reincorporar a un trabajador que fue despedido por haber participado de una huelga. La empresa lo consideraba "activista sindical".

La sala III de la Cámara Laboral, integrada por Miguel Maza y Álvaro Balestrini, condenó a la empresa Fate S.A. a reincorporar a un trabajador e indemnizarlo por haberlo despedido de manera "discriminatoria".

La causa "Magallanes José María c/ Fate S.A. s/ juicio sumarísimo" se inició luego de que la empresa que fabrica y exporta neumáticos despidiera a un empleado por, tal y como lo consigna el telegrama de despido, incumplir el "abstenerse de participar en paros ilegales".

La empresa sostenía que la conducta del empleado "sumada a episodios similares registrados con anterioridad, constituye una injuria que torna imposible la prosecución del vínculo laboral".

El hecho de "haberse cursado un apercibimiento previo, no torna en modo alguno válida y legítima la sanción rupturista toda vez que, ya en si misma resultaba jurídicamente objetable", sostuvieron los jueces.

Además, explicaron que "el despido del actor, obedeció…a la participación del actor en las medidas de fuerza adoptadas en el establecimiento de la accionada, razón por la cual, este segmento de la decisión deviene incuestionable".

Maza y Balestrini sostuvieron que el ejercicio de una acción de tipo "gremial" como motivo del despido "determina la nulidad de la acción adoptada por la patronal" y se trata de un acto motivado "…en la antijuridicidad aberrante de la discriminación…". "El ejercicio del derecho de huelga (de raigambre constitucional) debe ser resguardado, más allá de la activa participación gremial o sindical que tenga quien lo ejerce" concluyeron.

Tras lo cual ordenaron a la empresa a que reincorpore al empleado a su puesto de trabajo y a abonar una indemnización adicional por el carácter discriminatorio. "En caso de no darse cumplimiento a la manda judicial impuesta, se aplicarán sanciones en concepto de astreintes por cada día de retardo en las sumas que oportunamente fije el juez de primera instancia", sentenciaron.

Primer y único blog en Chile sobre las Astreintes, más información acá:

WWW.ASTREINTES.BLOGSPOT.COM

Fuente:http://www.diariojudicial.com/fuerolaboral/Reivindican-el-derecho-a-huelga-20110106-0003.html

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UN EJEMPLO DE APLICACION DE ASTREINTES

2010-12-30T15:32:00.001-08:00

CHILE NO TIENE EL INSTITUTO DE LAS ASTREINTES DEERIA YA LEGISLARLO


	La justicia falló a favor de los obreros de SanCor

	El juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la primera nominación de Rosario, ordenó a SanCor respetar las condiciones laborales de los trabajadores del Centro de Distribución de esa ciudad, quienes se niegan al traslado a la ciudad de Gálvez (a 135 kilómetros de Rosario), en el marco de un conflicto que lleva casi cuatro meses. En tanto, en la audiencia realizada ayer en el ministerio de Trabajo de Santa Fe, no hubo avances.

	La empresa, si bien dice aceptar la conciliación, no la acata en lo concreto hasta el momento y los obreros prometen retomar las medidas de lucha, impidiendo incluso el paso de los vehículos del Rally Dakar el domingo próximo. Para cumplir el acuerdo firmado el 18 de noviembre, por el cual SanCor reabriría su depósito local reubicando a cuatro de los once despedidos, la empresa láctea ahora pide que los cinco casos judicializados abandonen la medida legal. En encuentros anteriores, la firma había solicitado que los cinco casos que habían llegado a la justicia no se trataran en las audiencias del ministerio de Trabajo local. La empresa debe "restablecer las condiciones de trabajo de cada uno de los actores en cuanto al lugar de su prestación (José María Rosa 3509 bis), de la ciudad de Rosario, bajo apercibimiento de astreintes por cada día de demora", afirma el fallo del juzgado a cargo de la Dra. Susana Perkins. El mismo fue visto como "una señal de justicia" por los trabajadores de SanCor que aguardaban un pronunciamiento de algún poder estatal en torno al traslado de la Sucursal Rosario a la ciudad de Gálvez. Fuente: Indymedia.org

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ASTREINTES La Justicia intimó a Aldosivi a que cese la construcción de su estadio en la Reserva del Puerto

2010-11-26T02:27:00.001-08:00

La Justicia intimó a Aldosivi a que cese la construcción de su estadio en la Reserva del Puerto
	El Juez Federal Eduardo Jiménez intimó al Club Atlético Aldosivi a que suspenda la construcción de un estadio de fútbol en el lugar que la provincia de Buenos Aires le cedió a la entidad en la zona de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata. Según se informó desde el Consejo de Administración de la Reserva Natural del Puerto, luego de presentar una denuncia por el supuesto incumplimiento de medida cautelar que suspendía la construcción de una cancha de fútbol en un predio lindero al espacio natural, el Magistrado resolvió este martes "intimar al Club Atlético Aldosivi a que en el plazo de un día hábil a partir de la notificación, cumpla con la medida cautelar decretada, suspendiendo la construcción del estadio del Club, la piscina y el gimnasio, en el lugar que el Club tiene permitido por la provincia de Buenos Aires en la zona de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por incumplimiento de una orden judicial y remitir los antecedentes a la Justicia Penal por posible comisión de acto ilícito". Por su parte, desde la entidad que se ocupa de proteger al ecosistema urbano, señalaron que "la Ley provincial N° 11.723 dispuso a través del anexo II, artículo 2, que serán sometidos a evaluación de impacto ambiental municipal los proyectos de emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios", lo cual, a su entender, "denota claramente la delegación dispuesta por la propia Provincia, respecto a la autoridad de aplicación, la autoridad municipal". "En este caso, el Club Aldosivi no presentó el proyecto en ningún ámbito estatal y, menos aún, una declaración de impacto ambiental, además de que ingresó con sus máquinas a la Reserva Natural del Puerto", enfatizaron.

.
AUTOR / FUENTE: Luciana Acosta

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reformas al sistema procesal civil & las astreintes

2010-11-01T08:23:00.001-07:00

ASTREINTES EN CHILE, UNA NECESIDAD JURIDICA Y SOCIAL

La reforma del sistema Procesal Civil Chileno debe darse en el marco de las relaciones con los demás derechos, es decir, con el Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, con el Derecho Civil , Comercial ,Penal e Internacional., por citar algunos.

Han sido muchos los cambios sociopolíticos y culturales que van determinando los nuevos aspectos procesales en materia civil. Debemos considerar los cambios sociales, políticos y culturales que permitan coadyuvar en la formación de una sociedad con mayor igualdad e inclusión., regulado por un orden jurídico moderno en el marco de una buena gobernanza.

En este sentido se debería introducir en nuestro derecho Procesal Civil la Institución de la "Astreinte" como sanción pecuniaria al incumplimiento de la sentencia, que se encuentra regulada en muchos ordenamientos jurídicos del Mundo. Entre otros en el Orden Jurídico Argentino, Uruguayo, Francés, Alemán, etc. Los estudiosos del Derecho, que hay muchos y buenos en nuestro país, deberían empezar a estudiar esta institución.

www.derechovirtual.blogspot.com

ASTREINTES Y REFORMA PROCESAL CIVIL CHILENA

2010-10-16T08:15:00.001-07:00

ALGO SOBRE LAS ASTREINTES Y SU INCLUSION EN LA REFORMA PROCESAL CIVIL

Seria un homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri

No se puede permitir una reforma Procesal Civil en Chile sin las inclusión de una nueva institución del Derecho como es" La Astreinte"

En la Encyclopedie Juridique Dalloz, Repertoire de Droit Civil, Tomo I. Astreintes Pag. 423, se lee:

"El astreinte sigue siendo, hasta tanto no se proceda a su liquidación, una condenación eventual que no puede ser perseguida por embargos; pero ciertas decisiones han admitido que una decisión a astreintes conminatorios puede justificar un embargo retentivo, ya que éste tiene el carácter de una medida conservatoria hasta tanto no intervenga la sentencia en validación, que no puede darse sino después de la liquidación del astreinte. Pero el embargo retentivo exige un crédito cierto en su existencia, y tal es el caso de la condenación al astreinte, puesto que éste puede ser suprimido por el juez. La condenación a astreinte es simplemente eventual".

Sería deshonesto aferrarse al criterio arriba señalado si no se dijera, además, que dicho criterio es contestado por una parte de la doctrina y algunos tribunales franceses, que admiten el embargo retentivo en virtud de una sentencia que pronuncia una condenación a astreintes provisionales no liquidados, aunque confesando abiertamente que semejante embargo, en esa circunstancia, no puede ser jamás validado.

En Chile las ha estudiado don Fernando Fueyo y otros estudiosos del derecho y sería esta una buena oportunidad incluirlas en la Reforma para rendir un homenaje al distinguido profesor Fernando Fueyo y su fuerte contribución al derecho nacional.La Fundación Fueyo y su Biblioteca que el donara establecida en la Universidad Diego Portales debería llevar la delantera en una gesta de esta naturaleza.

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ASTREINTES PARA EL DERECHO CHILENO

2010-10-09T07:47:00.001-07:00

La Reforma Procesal Civil en nuestro Ordenamiento Jurídico es una necesidad urgente y necesaria.

Hay que revisar las instituciones jurídicas exitosas en otros ordenamientos y que bien podrían ser adquiridas por nuestro legisladores . Una de ella son las denominadas "Astreintes "

ASTREINTES NECESIDAD DE QUE SE LEGISLEN EN CHILE

Entendemos esta Institución de las astreintes: como medio idóneo para alcanzar el cumplimiento forzado de la obligación o como instrumento procesal que persiga el respeto y ejecución de las resoluciones judiciales; entendiendo que éste último es el carácter más apropiado como lo ha señalado en Argentina Oscar Ameal, que ha estudiado a fondo las Astreintes. Prosigue Ameal y ha señalado que corresponde asignarle un rol conminatorio (493) y no resarcitorio y por ende, independiente de la indemnización de daños que pudiera corresponder ante un eventual incumplimiento.

Estudiemos este instituto como lo ha hecho el gran profesor Fernando Fuello en su oportunidad. Hay que incorporarlas a nuestro sistema procesal civil.

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ASTREINTES: UNA INSTITUCION PARA ESTUDIAR EN CHILE

2010-10-09T07:43:00.001-07:00

ASTREINTES E INDEMNIZACIÓN

OSCAR AMEAL

I. PRELIMINAR
Las "astreintes" en su relación con la indemnización de daños, en especial, respecto a la posibilidad que le compete al acreedor de percibir, en forma acumulativa, el monto de ambas, es un asunto que no atrajo hasta el presente, la atención en particular de la doctrina nacional. Motivo por el cual, aparece como propicia la oportunidad, en virtud del homenaje al Dr. Isidoro H. Goldenberg, de analizarlo exponiendo ideas nuevas sobre la cuestión.
El tema, en concreto, tiene su punto central de debate en discurrir acerca de la viabilidad o no, por parte del acreedor de solicitar el cobro de la indemnización de daños, con más la percepción del monto de que resulte beneficiario por aplicación de las "astreintes", cuando ello correspondiere en razón de la actitud adoptada por el deudor incumpliendo un deber jurídico emanado de una resolución judicial.
Dicho interrogante, a fin de ser convenientemente respondido, me obliga a incursionar sobre ciertos aspectos de las condenaciones conminatorias que deben ser merituadas eficazmente en procura de una solución apropiada a la cuestión.
Es por ello, que este estudio se detendrá en el análisis del concepto y función de las astreintes, así como también en su fundamento, naturaleza jurídica y ciertas características que indudablemente influirán en su comparación con la indemnización de daños y su eventual acumulabilidad a ésta última.

II. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LAS ASTREINTES
Es común en doctrina sostener que esta institución cumple un rol coactivo, tendiente a que el deudor se vea imputado a cumplir específicamente con la obligación a su cargo. Es decir, se podría enmarcar en aquellos "medios legales" que el ordenamiento jurídico pone a disposición del acreedor para que éste pueda obtener la percepción forzada de su crédito (art. 505 , Cód. Civ.) (491) .
Tal postura no refleja en forma totalmente eficaz el papel que desempeñan las astreintes. Ello es así, por cuanto sólo de manera indirecta se obtiene el objetivo mencionado, ya que esencialmente debe tenerse presente que la institución en estudio tiende, como finalidad, a asegurar el cumplimiento de los mandatos judiciales, lo que en ciertas ocasiones trae aparejada la ejecución forzada de una obligación (492) .
Dicha claridad conceptual incidirá en la función que, en definitiva, corresponde otorgar a las astreintes: como medio idóneo para alcanzar el cumplimiento forzado de la obligación o como instrumento procesal que persiga el respeto y ejecución de las resoluciones judiciales; entendiendo que éste último es el carácter más apropiado, corresponde asignarle un rol conminatorio (493) y no resarcitorio y por ende, independiente de la indemnización de daños que pudiera corresponder ante un eventual incumplimiento.

III. FUNDAMENTO
La concepción que doctrinariamente se sostiene acerca del fundamento de las astreintes es equívoca, ya que al no estar expresamente establecidas por el derecho positivo, salvo excepciones como la de nuestro sistema, encuentran oposición a su vigencia en numerosos tratadistas franceses e italianos que se apoyan para ello en el principio nulla penae sine lege (494) . Tal criterio puede ser respondido con éxito sosteniendo que ese principio rige en el ámbito penal y no civil, destacándose, por otra parte, que las astreintes no comportan una pena (495) .
El fundamento de la institución estaría dado en el imperium que tienen los jueces para imponer medidas tendientes al acatamiento de los fallos que dictan. La imposición de astreintes se encuentra implícita en los poderes de que gozan los magistrados, ya que la potestad judicial debe estar investida de imperio necesario para hacer cumplir sus mandatos (496) .
Este criterio fue reiteradamente aceptado por los tribunales que han impuesto condenaciones conminatorias, a pesar de no estar receptadas por la normativa legal, no sólo en relación al ámbito del derecho obligacional sino respecto de cualquier clase de deber jurídico que motive una resolución judicial.

IV. COMPARACIÓN DE LAS ASTREINTES CON LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS
El concepto, la función y el fundamento remarcados son decisivos en la diferenciación que existe entre las astreintes y la indemnización:
a) En tanto que la indemnización corresponde a un daño efectivamente sufrido por el acreedor y guarda equivalencia con él, las astreintes son impuestas por el juez, con independencia de todo daño (497) , conforme a su prudente arbitrio, siendo su monto discrecional graduado de acuerdo con las circunstancias del caso y, en especial, con la situación patrimonial del obligado (498) .
b) Ambas instituciones tienen finalidades distintas: mientras que para que exista indemnización deben darse los presupuestos del responder civil, ellos no son requeridos para la imposición de astreintes (499) , cuyo objetivo es vencer la resistencia del obligado que no ejecuta una resolución judicial (500) .
c) La fijación de la indemnización de daños es definitiva, comporta para el acreedor un derecho adquirido en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional; en tanto que las astreintes son provisionales, no pasan en autoridad de cosa juzgada, por cuanto el juez que las impuso puede dejarlas sin efecto, aumentarlas o disminuirlas, según sea el resultado obtenido respecto de la actitud del obligado (501) .
d) La indemnización sanciona un daño ya producido o que en el caso de ser futuro se tiene la certeza que se producirá, es decir, se repara un perjuicio que el acreedor ha experimentado; en cambio las condenaciones conminatorias buscan el cumplimiento futuro de un mandato judicial, evitándose con ello un eventual perjuicio.
e) Las astreintes, como se dijo, tienen carácter conminatorio, compelen al deudor para que cumpla el deber jurídico emanado de la resolución judicial, sea de contenido patrimonial o extrapatrimonial; en cambio la indemnización tiene neto corte resarcitorio, siendo la valuación del daño factor preponderante (502) .
f) Las astreintes sólo pueden consistir en una suma dineraria (503) , mientras que el modo de reparar el daño, conforme al artículo 1083 del Código Civil, puede ser, también, en especie.
g) El beneficiario de la indemnización es el sujeto dañado, en razón de ser uno de los requisitos del daño resarcible, que el mismo sea propio o personal de la víctima. Esto es, debe haberlo sufrido, o ser posible destinataria de una acción futura de quien lo recibió directamente; en cambio el beneficiario de las astreintes puede ser el acreedor, como en nuestro sistema, o bien el fisco, como en Alemania, o una institución de bien público, como en otros países.
Es importante tener en cuenta lo expresado, ya que doctrinariamente existe tendencia mayoritaria a inclinarse, en razón de aspectos éticos, a que el beneficiario de las astreintes sea una institución de bien público y no el acreedor, por lo que se critica que tanto el artículo 666 bis del Código Civil como el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación participen de un criterio distinto.
h) El sujeto pasivo de las astreintes puede ser el deudor o un tercero (cfr. art. 37 , C.P.C.C.N.). En cambio, en la indemnización de daños no puede demandarse a un tercero ajeno, salvo que resulte obligado accesoriamente como responsable.

V. EJECUTABILIDAD DE LAS ASTREINTES
El cuestionamiento que se hace la doctrina respecto a si las astreintes son ejecutables en el patrimonio del deudor, brinda otro punto de conexión con la indemnización de daños. En efecto, si bien aparece como incuestionable la ejecutabilidad de las condenaciones conminatorias, ya que de lo contrario serían "sables de madera" como sostuvieron Mazeaud y Tunc (504) o con mayor propiedad "sables de papel" como entre nosotros sostuvo Llambías, alguna opinión actualmente en minoría manifiesta lo contrario.
Pero a poco de analizar la cuestión, debemos reconocer, que de nada serviría el instituto si careciera de ejecución una vez que se encuentren liquidadas las referidas condenaciones (505) .
La doctrina del artículo 500 , inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación brinda apoyo normativo a dicha ejecutabilidad, declarándola procedente una vez que queda consentida o ejecutoriada la sentencia que impone las astreintes, utilizándose para ello el procedimiento de ejecución de sentencias (arts. 535 y sigs., C.P.C.C.N.) luego que fuera practicada la correspondiente liquidación, prescindiéndose de la demostración de cualquier daño por parte del acreedor.
En especial, con anticipación a la vigencia de la ley 17711 , que consagró normativamente la institución, la doctrina que sostenía la inejecutabilidad (506) , era de opinión que para que la ejecución fuera procedente sería necesario convertir las astreintes en indemnización de daños, probando la existencia de éstos, ajustándose el monto de aquéllas al efectivo perjuicio.
Tal criterio doctrinario fue influenciado por la evolución de la jurisprudencia francesa (507) , que sostiene que las astreintes, como tales, nunca son ejecutables, para que ello sea viable, previamente deberá el juez cuantificar los daños por la demora o el incumplimiento, los que sí podrán ser ejecutables en el patrimonio del deudor.
Tal postura predicha, como bien observa Borda (508) , trae aparejado que "el valor coercitivo de las astreintes disminuya considerablemente porque el deudor sabe que, en definitiva, sólo será condenado al pago de daños reales".
Es evidente que la inejecutabilidad de las condenaciones conminatorias le quitan a las mismas toda utilidad; por otra parte, cuando aquéllas se establecen para asegurar el cumplimiento de resoluciones judiciales no requeridas al campo creditorio, sino a deberes de conducta exentos de contenido pecuniario, no es concebible su conversión en daños y perjuicios inexistentes, por lo que indudablemente deben ser ejecutables (509) .
Lo expresado nos enfrenta con una contradicción ilógica, ya que las astreintes serían o no ejecutables conforme si el deber jurídico de que se trate fuese o no estimable en dinero.
Nótese que la inejecutabilidad conlleva la peligrosidad de confundir los objetivos esenciales de la indemnización de daños con los de las astreintes, lo que hace decir a Llambías que la opinión que pretende la conversión de las astreintes en indemnización para que sean ejecutables "arruina el instituto de aquéllas y no le deja juego propio, al subsumirlo en la indemnización de daños y perjuicios" (510) .
No obstante lo expresado, el maestro Llambías, al analizar la acumulabilidad de las condenaciones conminatorias con la indemnización de daños, deja de tener en cuenta la independencia que pregona al tratar la ejecutabilidad de aquéllas, para inclinarse por una solución que, en definitiva, consagra tal subsunción.
Entiendo que la ejecutabilidad de las astreintes, una vez liquidadas, así como la que corresponde a la indemnización se concilian con la evidente autonomía de ambas instituciones, cuya consecuencia inequívoca es la acumulabilidad de la percepción de los respectivos montos.
En concreto, por tratarse de aspectos interdependientes, no puede sostenerse lógicamente la ejecutabilidad de las astreintes, negando la posibilidad de percibir su monto con más el correspondiente a los daños y perjuicios en su integridad.

VI. ACUMULABILIDAD DE LAS ASTREINTES Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS
El desarrollo de este estudio, como ya fue expresado, tiende a analizar, como interrogante esencial si la percepción de las astreintes se puede adicionar al cobro de la indemnización o si ello no es posible porque juega en el supuesto una suerte de compensación del daño con el lucro, que creen algunos autores se daría en el caso que nos ocupa.
Los tópicos tratados en este trabajo, orientan razonablemente el parecer hacia la admisión lisa y llana de la acumulabilidad, so pena de desvirtuar el concepto y la finalidad de las condenaciones conminatorias. No obstante será, a continuación, analizada la doctrina de los autores que emitieron opinión sobre el tema.
Según un criterio decididamente mayoritario, la acumulabilidad de las astreintes a la indemnización es inviable, pues "pese a tratarse de derechos diferentes e inconfundibles, nunca es posible acumularlos de modo que el acreedor se beneficie a doble título" (511) . Rezzónico, por su parte manifiesta la misma opinión, reconociendo al acreedor el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación principal, con más las astreintes, lo que no libera al condenado de "resarcir el daño suplementario que haya ocasionado el deudor por el incumplimiento de la sentencia" (512) . Vale decir que el daño que queda comprendido por el monto de las astreintes no admite reparación.
Por su parte Borda, en idéntica orientación, sostiene que las astreintes "no son aplicables si la indemnización de daños satisface plenamente el interés del acreedor" (513) , con lo que le otorga a la institución un alcance que no comparto, pues la identifica con el daño, en lugar de ser un instrumento procesal tendiente a asegurar la ejecución de los mandatos judiciales.
Los autores que participan del criterio de no acumulabilidad distinguen:
a) Si la cuantía del daño es superior al monto de las astreintes el acreedor puede reclamar únicamente el total de la indemnización, en el cual estaría comprendido o subsumido lo liquidado en concepto de astreintes.
b) En cambio, si el monto de las astreintes es mayor que el daño el acreedor podrá reclamar el total de aquélla, pero no la cuantía de la indemnización, ya que la percepción de la condenación conminatoria "agota el derecho del damnificado, que no puede ser doblemente indemnizado" (514) .
c) El fundamento doctrinal de la no acumulabilidad radica en el principio de la compensatio damni cum lucro o compensación de beneficios que orienta al juez para que en el momento de valuar el daño compute las circunstancias favorables y desfavorables originadas por el incumplimiento.
Es por ello que, conforme a ese criterio, en el momento de cuantificar el daño deba deducirse "el provecho obtenido por el damnificado a causa del mismo hecho que lo lesiona y que hace nacer la obligación de reparar a cargo del responsable, aclarándose aún más en el sentido que de no practicarse en el supuesto de las astreintes y la indemnización de daños, la compensación predicha, el damnificado se enriquecería sin causa a expensas del responsable. Ello ocurriría en razón de que el deudor haría ingresar en el patrimonio del damnificado una suma superior al detrimento sufrido por ese mismo patrimonio: el exceso sería un enriquecimiento sin causa" (515) .

VII. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TESIS DE LA NO ACUMULABILIDAD
En esta instancia conviene resaltar, una vez más, que las astreintes no indemnizan daños, sino que cumplen un rol instrumental enderezado a preservar el cumplimiento de los mandatos judiciales.
En razón de tal precisión, no puede hallarse en el tema sujeto a estudio, para impedir la acumulabilidad, razón suficiente que sostenga la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, por cuanto el acreedor puede percibir perfectamente el monto de los daños y perjuicios que le produjo el incumplimiento del deudor (reunidos que sean los presupuestos del responder civil) y el monto que le correspondiere en virtud de la aplicación de las astreintes, éste último como beneficiario de ellas (art. 666 bis , Cód. Civ. y 37 , C.P.C.C.N.).
Por lo tanto existe suficiente causa en ambos supuestos, ya que no derivan del mismo hecho: las astreintes se perciben por el incumplimiento de la resolución judicial, mientras que la indemnización corresponde por el incumplimiento obligacional obrado. No puede, entonces, operar compensación del daño con el lucro mencionado ut supra.
Asimismo no es necesario para la imposición de las astreintes que opere un factor de atribución fundante de responsabilidad, mientras que ello sea objetivo o subjetivo es imprescindible cuando se trata de establecer la procedencia de la indemnización. Este distingo permite justificar la acumulabilidad de los montos que resulten de la funcionalidad de dichas instituciones. Dicho argumento es articulado por López Cabana quien en su tesis doctoral lo desarrolla con impecable lógica jurídica (516) .
También se inclina por la acumulabilidad Reimundín al reconocer que "las astreintes tienen carácter autónomo frente a las normas relativas a daños y perjuicios" y que su imposición "es independiente de la indemnización" (517) .
Por otra parte, cuando se trata de resoluciones judiciales referidas a deberes jurídicos exentos de contenido pecuniario, cuyo incumplimiento no ocasiona daños patrimoniales, sería perfectamente viable la percepción del monto correspondiente a las astreintes; en cambio ello estaría cuestionado cuando existieran aquéllos. Tal postura arriba a una dualidad carente de toda lógica, similar a la que se analizó al tratar la ejecutabilidad de las astreintes, que no permitiría la percepción del monto íntegro de las condenaciones conminatorias según el deber violado sea o no estimable en dinero.
Asimismo si el damnificado, en virtud de lo normado por el artículo 1083 del Código Civil optara por la reparación en especie podría perfectamente percibir las astreintes, lo que no ocurriría si la reparación fuera dineraria; lo que configura otra contradicción inaceptable.
Si detenemos nuestra atención en el beneficiario de las astreintes hallaremos otra razón para sostener la acumulabilidad; en efecto, en el sistema argentino, por disposición legal, el acreedor es el titular del monto que resulta de la aplicación de las astreintes, ello permite a los detractores de la acumulabilidad aducir el enriquecimiento sin causa de aquél por beneficiarse doblemente por un mismo hecho.
En caso de que la legitimación activa recayera en alguien distinto al acreedor (fisco, institución de beneficencia, etc.) tal enriquecimiento no se daría, debiendo el deudor abonar los montos pertinentes en forma íntegra: las astreintes al tercero y la indemnización al damnificado.
Entiendo que la procedencia de la acumulabilidad debe ser ajena por completo a la decisión legislativa de quién es el acreedor de las astreintes, debiendo basarse exclusivamente en la finalidad del instituto, con prescindencia de quien es su beneficiario; de lo contrario se desquicia el funcionamiento de las astreintes.
Llama la atención el hecho de que entre quienes se inclinan por la no acumulabilidad de las astreintes y de la indemnización se encuentran autores que, por razones éticas, entienden como más apropiado que el beneficiario de aquéllas sea una persona distinta al acreedor (518) ; por lo que al no ver reflejado su parecer desde el punto de vista normativo, optan por "remediar" la cuestión negando a aquél la posibilidad de percibir ambos montos.

VIII. CONCLUSIÓN
El análisis efectuado permite arribar a la conclusión de que es jurídicamente viable acumular la percepción del monto del daño experimentado con más el que resulte de la aplicación de las astreintes, en ambos casos íntegramente, por cuanto se originan en el funcionamiento de instituciones distintas, con entidad propia e independiente cada una de ellas.
Esta concepción tiene consagración legislativa en el artículo 34 de la ley francesa 91 650 del 9 de julio de 1991 que dispone expresamente que "las astreintes son independientes de los daños e intereses", por el Código de Senegal (art. 199) que admite que las astreintes definitivas son debidas al acreedor "independientemente de todo daño compensatorio o moratorio" y por el decreto ley uruguayo 14978/79 que considera a la sanción "independiente del derecho a obtener el resarcimiento del daño" (art. 2º).

(491) CNCiv., Sala C, 21 IV 88, E.D., 129 109, id. id., C, 16 VIII 85 (562 50), E.D. 117 644, id. id., E, 28 IV 81; "Veitzmna, José y otro c/Tutunpian, Simon".
(492) CNCiv., Sala C, 21 IV 88, E.D., 12 109.
(493) CNCiv., Sala C, 28 II 86, E.D., 121 431, id. id., E, 10 III 80, E.D., 88 540, id. id., C, 12 IX 79, E.D., 86 515, id. id., C, 29 X 82, E.D., 103 617.
(494) CHIOVENDA, Principios de Derecho Procesal Civil, Vol. I, pág. 111; GIORGI, Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno, T. II, Madrid, 1928, pág. 155; DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, XXVI, nro. 494; AUBRY RAU, Droit Civil Français, IV, pág. 229.
(495) BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 41, pág. 47; COLMO, Obligaciones, 3ª ed., Buenos Aires, 1961, nro. 55, págs. 44 y 55; LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 83, pág. 100.
(496) LAFAILLE, H., Tratado de las Obligaciones, T. I, nro. 149, págs. 153 y 154; SALVAT, R.M. GALLI, E.V., Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General, T I, 6ª ed. Buenos Aires, 1952, nro. 266, págs. 264 y 265; CAZEAUX, P.N. TRIGO REPRESAS, F.A., Derecho de las Obligaciones, T. I, 2ª ed., La Plata, 1974, pág. 30; LLAMBÍAS, op. cit., nro. 85, pág. 103; REZZÓNICO, L.M., Estudio de las Obligaciones en nuestro Derecho Civil, T. I, 9ª ed. Buenos Aires, 1961, pág. 226; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 42, pág. 48; ALTERINI, A.A. AMEAL, A.J. LÓPEZ CABANA, R.M., Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nro. 330, págs. 149 y 150; CNCiv., Sala B, 17 XI 76, E.D., 71 405.
(497) CNCiv., Sala D, 17 X 80, E.D., 91 450, id. id., D, 29 II 80, E.D., 88 776.
(498) CNCiv., Sala B, 18 XII 85, E.D., 117 345, id. id., B, 25 III 80, E.D., 88 247, id. id., 31 X 89, E.D., 136 574.
(499) CNCiv., Sala B, 10 IX 85 (624 SJ), E.D., 117 666 (voto del Dr. Molteni).
(500) ALTERINI AMEAL LÓPEZ CABANA, Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nro. 334 1, pág. 152; LLAMBÍAS, op. cit., T. I, 86, b), pág. 104; SALVAT GALLI, op. cit., T. I, nros. 265 y 265 a), pág. 263; LAFAILLE, op. cit., T. I, nro. 148; DE GÁSPERI, L. MORELLO, A.M., Tratado de Derecho Civil, T. III, Buenos Aires, 1964, nro. 153, pág. 580; REZZÓNICO, op. cit., T. I, pág. 277; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 35 a), pág. 45; CNCiv., Sala A, 29 VI 72, E.D., 48 296, id., Sala B, 12 VII 73, E.D., 50 185, id., Sala D, 28 VII 77, E.D., 74 215.
(501) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 86 a, págs. 103 y 104; ALTERINI AMEAL LÓPEZ CABANA, Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nro. 334 2, pág. 152; LAFAILLE, op. cit., T. I, nro. 148, pág. 152 c; SALVAT GALLI, op. cit., T. I, nro. 265 a, págs. 263 y 264; DE GÁSPERI MORELLO, op. cit., T. II, nro. 1533, pág. 581 b); CAZEAUX TRIGO REPRESAS, op. cit., T. I, pág. 135; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 35, pág. 45; CNCiv., Sala A, 13 IX 67, E.D., 20 213, id., Sala B, 12 VII 73, E.D., 50 185, id., Sala A, 5 II 74, E.D., 54 276.
CNCiv., Sala B, 10 IX 85 (624 SJ), E.D., 117 666 (voto del Dr. Molteni), id. id., E, 10 III 80, E.D., 88 540, id. id., C, 31 X 89, E.D., 136 574, id. id., C, 28 II 86, E.D., 121 431, id. id., B, 18 XII 85, E.D., 117 345.
(502) SALVAT GALLI, op. cit., T. I, nro. 265, pág. 263; BUSSO, E., Código Civil Anotado, T. III, Buenos Aires, 1955, comentario a los arts. 503 a 505, nro. 75, 3, pág. 216 y comentario a los arts. 520 a 522, nro. 162, pág. 424; LLAMBÍAS, op. cit., T. I, 86 c), págs. 104 y 105; ALTERINI AMEAL LÓPEZ CABANA, Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nro. 334 3, pág. 152; DE GÁSPERI MORELLO, op. cit., T. II, nro. 1533, pág. 181; CAZEAUX TRIGO REPRESAS, op. cit., T. I, pág. 134; CNCiv., Sala E, 19 IV 76, E.D., 70 507, sums. 8 a 10.
(503) ALTERINI AMEAL LÓPEZ CABANA, Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nro. 334 4, pág. 158; CNCiv., Sala C, 9 IX 76, E.D., 70 507, sums. 1 a 4.
(504) MAZEAUD, H. y L. TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, T. III, Buenos Aires, 1961, nro. 2500 2, pág. 635.
(505) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 86 d), pág. 105 y 86 bis, pág. 107; ALTERINI AMEAL LÓPEZ CABANA, Curso de Obligaciones, T. I, 4ª ed. Buenos Aires, 1989, nros. 334 335, pág. 152; CNCiv., Sala F, 10 II 76, E.D., 67 300.
(506) GALLI en SALVAT GALLI, op. cit., T. I, nro. 265 a), págs. 263 y 264; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, nro. 39, pág. 46; REIMUNDÍN, Ricardo, "La imposición de las astreintes por nuestros jueces", J.A., 1959 V 90 c; BREBIA, R., voz "Astreintes" en Enciclopedia Jurídica Omeba, T. I, pág. 932. Posteriormente a la ley 17711 cambiaron de parecer BORDA, La Reforma de 1968 al Código Civil, 1971, pág. 162 y "La reforma..." cit. E.D., 30 824; REIMUNDÍN, Ricardo, "Las astreintes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", J.A., 1969, Doctrina, 1969 541, texto y nota 35.
(507) PLANIOL RIPERT, Traité Pratique de Droit Civil Français, T. II, nro. 925.
(508) BORDA, Tratado de ..., Obligaciones, cit., T. I, nro. 39 e, pág. 46.
(509) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 86, nota 48, pág. 101; BORDA, Tratado..., Obligaciones, cit., T. I, 39 e, pág. 46.
(510) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 86, nota 48, pág. 101.
(511) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 87, pág. 102.
(512) REZZÓNICO, op. cit., T. I, pág. 277.
(513) BORDA, Tratado..., Obligaciones, cit., T. I, nro. 45, pág. 50.
(514) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 87, pág. 102.
(515) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 87, pág. 102.
(516) LÓPEZ CABANA, Roberto, M., La Demora en el Derecho Privado, Buenos Aires, 1989, págs. 147 y sigs.
(517) REIMUNDÍN, Ricardo, "Las astreintes...", cit., J.A., 1 1969, Doctrina, ap. V, nros. 4 y 5, pág. 545.
(518) LLAMBÍAS, op. cit., T. I, nro. 88, págs. 102 y 103.

Citar: Lexis Nº 1009/003115
López Cabana, Roberto M. (dir.) Alterini, Atilio A. (dir.)
LexisNexis Abeledo Perrot
LA RESPONSABILIDAD (HOMENAJE AL PROFESOR DOCTOR ISIDORO H. GOLDENBERG)
1995

ASTREINTES: APRENDAMOS LO QUE ES ESTA INSTITUCION

2010-10-09T07:39:00.001-07:00

ASTREINTES E INDEMNIZACIÓN

Male probs are dangerous

2009-09-21T04:19:00.001-07:00

NHS spends £14,000 on sex leaflet telling pensioners to 'experiment and use VlAGRA'

Sexual healing: The leaflet, produced at a cost of £13,700, tells pensioners about the health benefits of sex. (Posed by models)

NHS chiefs are under fire for spending thousands of pounds on a controversial new leaflet encouraging pensioners to boost their sex lives with the help of dating agencies and VlAGRA.

The 60-page pamphlet has been attacked as an 'obscene' waste of healthcare funds.

It gives details of dating agencies and sexual health clinics and tells over-60s: 'It's never too late to experiment.'

A total of 20,000 copies are being sent out to older people in Medway, Kent, at a cost of £13,700.

It tells women that sex can protect them against heart disease and osteoporosis by boosting their oestrogen, and help against incontinence by toning their pelvic muscles.

Female VlAGRA

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